Crónica del despilfarro en una web de la Administración

Como en todas las contrataciones públicas de alto presupuesto, el desarrollo y mantenimiento de páginas web de la Administración pública también parte de un concurso abierto organizado por los gobernantes. Partiendo de esa premisa, cabría pensar que se trata de un proceso transparente y plural del que cualquiera podría beneficiarse.

Pero también en este sector las grandes compañías acaban quedándose con los proyectos, en muchas ocasiones tan solo para subcontratar el proceso de producción y obtener beneficios de su posición de intermediario. La nueva web del Senado hizo saltar las alarmas sobre el despilfarro de dinero público en Internet. Se realizó en un año y costó aproximadamente 450.000 euros, pero tan solo una semana más tarde había sido replicada por una sola persona mediante software libre. Un caso semejante se avecina en Extremadura y sirve para comprobar cómo está actuando el Gobierno autonómico del Partido Popular.

El pasado mes de enero, la Consejería de Fomento y Turismo anunció un gran proyecto para aumentar el número de visitantes a la región y los ingresos del sector turístico: un portal en Internet. Ni más ni menos. El presupuesto asciende a 1.050.000 euros, repartido en tres años. Más de un millón de euros a costa de los presupuestos de la región con menor renta per cápita de España, que soporta una tasa de paro del 34% según la EPA.

Si el anuncio levantó la voz de la oposición y la ciudadanía, que lo califica de gasto injustificado, la documentación ofrecida es tan escasa y poco específica que en lugar de aclarar, agrava la polémica.
Unas bases antipymes

Ni se sabe para qué servirá concretamente el portal, ni qué tipo de información o actividades se van a poder realizar en él, ni la forma que tendrá de atraer a los turistas. Aunque sí queda claro que no muchas empresas aspiran a quedarse el contrato.

El acceso está abierto y las bases son públicas ( PDF), pero no son más que una barrera para dejar fuera del proceso a pymes. Atención a las garantías exigidas: primero hay que presentar numerosa documentación en un plazo breve; después, las empresas que se postulen deben disponer del 5% del capital; y finalmente se exigía disponer de varias acreditaciones de la Unión Europea, una medida que posteriormente fue retirada tras las protestas de Izquierda Unida.

La empresa cacereña DS Multimedia no va a participar en el proceso de selección aunque ya ha hecho proyectos similares y grandes portales para multinacionales. “El requisito es una provisión de fondos del 5% de un millón de euros y eso supone un gran riesgo. Puede suponer un 20 o 25% de la facturación anual y nos descuadra”, cuenta Álvaro Hurtado, director de Tecnología de una de las compañías de producción web más grandes de la región.

Cumplir los requisitos abre solo la puerta de entrada. Quién se queda con un proyecto tan suculento dependerá probablemente de una decisión política. Las bases no lo ocultan: la puntuación se basa al 51% en unos “criterios objetivos”, principalmente de corte económico, y al 49% de los criterios “cuya valoración depende de un juicio de valor”.

El plazo inicial para presentar propuestas era de tan solo un mes, aunque fue ampliado. Otra barrera para pequeñas y medianas empresas, pero “no es un plazo apretado para las empresas realmente interesadas en presentarse”, explica Hurtado. “ Hay auténticos especialistas en concursos públicos que tienen gran parte de la documentación preparada de otros concursos”.
Nada permite saber cómo será la plataforma

Sin embargo, la Junta como promotora del proyecto no ha avanzado por qué tipo de servicio va a pagar ese millón de euros. Solo se sabe que estará basado en el software propietario y que compromete a cinco puestos de trabajo a jornada completa durante tres años. No hay una guía o una demanda de mínimos que invite a pensar que tal presupuesto es necesario.

“Los requisitos técnicos son muy vagos, no aclara ni siquiera qué tipo de página vamos a tener. No sabemos si va a garantizar la accesibilidad, si va a estar en varios idiomas, o el tipo de instrumentos al servicio del usuario”, denuncia Victor Casco, diputado de IU en la Asamblea de Extremadura. Critica que haya que gastar 400.000 euros en software propietario con la rica tradición que tiene la región en el uso de software libre.

Hurtado también considera que es un presupuesto “completamente desmesurado”, ni por la puesta en marcha de la plataforma ni por el pago de los contratos obligatorios. Y aun menos el gasto en licencias. “ No sé cómo se justifica el hecho de tener que usar software propietario. El software libre no tiene problemas de accesibilidad, ni de escalabilidad, ni de rendimiento.”
Una vez aprobado, se acabó la transparencia

El consejero de la Junta Víctor del Moral defendió el proyecto porque "es una necesidad de esta región" y una "reivindicación histórica de la industria turística regional, que siempre ha tenido que competir en inferioridad de condiciones con otras regiones". También el desembolso, justificado por el "coste-beneficio" que se espera de la inversión a "un precio ajustado a los requerimientos, funciones, calidad y servicios."

Su consejería ha ofrecido una información mínima y cuando escoja una empresa no tendrá que dar más explicaciones, tan solo las electorales o las parlamentarias en la Asamblea de Extremadura.

Casco confirma que todo el proceso ha sido correcto, incluso los plazos. Reconoce que “la legislación la cumple, pero que sea legal no es que sea justo.” En su formación ha sorprendido el cambio de opinión tan repentino del Gobierno extremeño que “ha pasado de pensar que la página actual es suficiente a querer cambiarla en cuestión de un mes, con cifras desorbitadas.”

A partir de abril una propuesta ganará y comenzará el desembolso. Desde entonces y hasta la presentación oficial ni la empresa contratada ni la Consejería tienen obligación de mostrar lo que se va creando. Y Extremadura tendrá su página web de un millón de euros.