La cúpula de CAM usó el ERE para lograr indemnizaciones millonarias

Las millonarias indemnizaciones por prejubilación de la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) -12,8 millones sólo para cinco excargos- tiene su origen en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de bajas incentivadas impulsado por la entidad, intervenida tras el fracaso de la fusión fría. La CAM siguió adelante con su parte proporcional del ERE del Banco Base, 973 trabajadores.


El ERE fue autorizado por el Ministerio de Trabajo el 2 de junio. El monto global del coste de los despidos para la Caja, según fuentes sindicales, ronda los 320 millones. La entidad consignó para este programa 147 millones en su presupuesto de 2010 y otros 57,9 en el primer semestre de este año. Hasta el 30 de junio, la caja había extinguido 266 contratos.

Entre los trabajadores que ya se han desvinculado de la CAM a través del ERE están el ex director general de la caja, Roberto López Abad (5,8 millones de indemnización); Agustín Llorca, ex director general adjunto (dos millones); Joaquín Meseguer, director general de participaciones empresariales (dos millones); Vicente Soriano, ex director de recursos (1,5 millones), y Gabriel Sagristá, ex director territorial de la zona norte (1,5 millones).

¿Por qué pudieron entrar estos exaltos cargos de la CAM al ERE? A este plan de bajas incentivadas podían acogerse los empleados con más de 55 años y una antigüedad mínima de 10 años. Los cinco exdirectivos cumplían esos requisitos mínimos, dado que todos habían accedido al cargo mediante la fórmula de la promoción interna. Y sus suculentas indemnizaciones son fruto de aplicar los parámetros recogidos en el ERE a su salario.

Otra exdirectiva que aspiraba a esas jugosas indemnizaciones era María Dolores Amorós, sucesora de López en la dirección general. Esta, por edad, no pudo acogerse al ERE, pero se subió el sueldo hasta los 600.000 euros y se asignó una pensión vitalicia de 370.000 euros, todo ello de espaldas a los órganos de control de la caja. El Banco de España frustró esos planes con su despido sin indemnización el pasado 26 de septiembre.

Está por ver el papel que jugaron el supervisor nacional y el autonómico en este proceso. Tras conocer estas millonarias indemnizaciones, el Gobierno y Generalitat Valenciana se han cruzado reproches mutuos. El Banco de España ha anunciado que estudia si puede exigir la devolución de las indemnizaciones. El Ejecutivo valenciano se ha desmarcado del desastre de la CAM, al menos hasta ahora. La Ley de Cajas valencianas le atribuye competencias de control a través del supervisor autonómico, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Este órgano tiene un representante con voz pero sin voto en la comisión de control de la CAM. Fuentes oficiales aseguran que el miembro del IVF solo va a las reuniones en vísperas electorales.

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ADMITIDA QUERELLA CONTRA AMOROS.EXDIRECTORA DE LA CAM

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha admitido a trámite una querella presentada contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental, según confirmó a Europa Press el abogado responsable de la querella, Diego de Ramón.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha solicitado un informe de las presuntas irregularidades a los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestionan la entidad desde la intervención del pasado mes de julio.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3528066/11/11/La-Audiencia-Nacional-admite-la-querella-contra-Amoros-exdirectora-general-de-la-CAM.html

En concreto, Marlaska pide a los administradores del Banco de España que remitan toda la información sobre "cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria se pudieran haber cometido por los anteriores responsables de la entidad" contra la normativa de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

La Fiscalía Anticorrupción ya abrió una investigación de oficio contra la antigua cúpula de la CAM por estos hechos y tendrá ahora que personarse en la causa abierta por la Audiencia Nacional. El caso está en manos del fiscal José Miguel Alonso, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Las pesquisas se centran en los informes emitidos por los interventores del Banco de España y los administradores del FROB tras la intervención, que reflejan que los responsables de la caja valenciana trataron de "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que no fuese intervenida".

En este sentido, en los informes figura cómo la CAM comunicó a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros el pasado mes de marzo cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a la exdirectora por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.

Los gestores del FROB solicitaron el despido al considerar que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010, y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta su despido disciplinario seguía cobrando su sueldo.

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