Los casos de fraude por cobrar el paro pese a tener trabajo se disparan un 40%.

La provincia de Alicante sigue siendo una campeona en la economía sumergida o irregular, como la denomina la dirección general de la Inspección de Trabajo en su última memoria anual. Si Alicante supera a Madrid, Barcelona y Valencia en el afloramiento de trabajadores y pequeños empresarios autónomos que se mueven en la economía negra hasta que son descubiertos por los inspectores, otras casuísticas también elevan a la provincia a los altares del fraude laboral, como viene siendo habitual en el último lustro y se ve agravado, precisamente, en el epicentro de la crisis.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, que, con una tercera de efectivos que la de Madrid o Barcelona y la mitad que la de Valencia, sigue destapando economía sumergida en esta provincia ha localizado en los últimos meses la friolera de un 40% más de casos de fraude al Instituto Nacional de Empleo (Inem), por la vía del cobro de la prestación por desempleo contributiva (hasta 1.500 euros al mes) mientras el operario teóricamente desempleado seguía tan ricamente ligado a la empresa en el mismo puesto y por el mismo tiempo dedicado anteriormente.

En realidad, de todos los casos descubiertos en el año 2010 en Alicante, 784, de fraude al Inem en el desempleo, la mitad, 385, corresponden a este perfil: un trabajador que reúne suficientes cuotas a la Seguridad Social para percibir varios meses de prestación por desempleo sin que ello suponga su desvinculación de la empresa en la que estaba y por la que ha cotizado para ahora beneficiarse de la ayuda del Estado.

La otra mitad de casos, 399 en concreto, son de personas que han sido sorprendidas por los inspectores de Trabajo o por los subinspectores de la Seguridad Social trabajando en otras empresas distintas a las que han cotizado, pero que también cobran el paro y siguen activos con aparente normalidad. En este caso, la sanción económica es compartida por el empresario y por el trabajador que abusa de la picaresca.

Más que en Madrid

Solo en Barcelona, con 898 casos, hay más fraude laboral a la prestación por desempleo que en Alicante, provincia que supera, incluso, a Madrid, donde además, el aumento del afloramiento de casos es mucho más moderado, del 25%.

En la provincia hay a día de hoy 115.675 perceptores de la prestación por desempleo, de los que 46.854 cobran la ayuda contributiva y 55.654 la asistencial o subsidio de apenas 500 euros de máximo. Estas dos cifras siguen invirtiendo su tendencia, como vienen alertando los sindicatos CC OO y UGT. José María Ruiz Olmos, de CC OO, advierte de que cada vez mayor colectivo de parados alicantinos pasan al grupo de subsidios y renta activa de inserción al haber agotado ya todas las cotizaciones que dan pie al cobro de la prestación contributiva. El problema es, según CC OO, que también han agotado ya en Alicante decenas de miles de personas las ayudas no contributivas, incluida la última paga de 475 euros prorrogada por el Ministerio de Trabajo.

Es por ello que la economía sumergida, en calidad de beneficiario de la prestación o no, es justo el caldo de cultivo que se intensifica en la provincia para que muchas familias puedan sobrevivir al largo trance de la recesión económica.

Alicante, además, no destaca precisamente por las altas prestaciones por desempleo. Como reitera mes a mes el secretario de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, es precisamente la alta tasa de temporalidad estructural que hay en esta provincia la que provoca pensiones de viudedad, de jubilación y prestaciones por desempleo más bajas que la media de España.
Si en Alicante un parado cobra este mes 802,4 euros de media al mes por la ayuda contributiva, en el conjunto de España la cifra se eleva a 855,2 euros. De hecho, apenas sí un puñado de provincias, del interior más rural, registran subsidios por desempleo más bajos que en Alicante: se trata de Badajoz, Cáceres, Cuenca, Lugo, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y Zamora.

El fenómeno de la economía sumergida, en sus distintas variantes (impago de Seguridad Social en trabajadores por cuenta propia o ajena, o empleo ilegal de trabajadores sin contrato y, encima, cobrando la prestación por desempleo), no sólo preocupa a los sindicatos y a la propia patronal Coepa. También, y mucho, a los inspectores de Trabajo.

En la última memoria divulgada el pasado jueves «las medidas de inspección por sí solas son insuficientes para atajar y controlar la economía sumergida, si no van enmarcadas en un plan conjunto».

Como este diario ya ha explicado estas semana, la Inspección de Trabajo critica que «en España, hasta muy recientemente, no haya habido coordinación institucional en la lucha contra el fraude». El primer paso en firme se dio en un convenio de colaboración firmado hace ahora dos años entre la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20110710/provincia/casos-fraude-cobrar-paro-20110710.html