José Manuel Lara reclama que la 'Ley Sinde' penalice también a los usuarios
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José Manuel Lara reclama que la 'Ley Sinde' penalice también a los usuarios
La Ley Sinde, que permite el cierre rápido de páginas web de enlaces a descargas de contenidos no autorizados, podría ser efectiva este verano, una vez quede constituida la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias.
Tras la publicación el sábado en el BOE de la Ley de Economía Sostenible, entró en vigor una de sus disposiciones más polémicas, la final cuadragésima tercera, más conocida como Ley Sinde, pero, tal y como adelantó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el pasado mes de febrero, ésta no estará operativa hasta el verano.
Y es que ahora el Ministerio de Cultura tiene que iniciar el desarrollo normativo de esta ley antidescargas, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias que se presenten contra las páginas web que permitan las descargas de música, películas o libros de forma no autorizada.
La Ley Sinde fue aprobada el pasado 15 de febrero en el Pleno del Congreso de los Diputados con 323 votos a favor del PSOE, PP y CIU, 19 en contra del PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención.
La ley era así respaldada por el 92% de la Cámara Baja, pero hasta llegar a su aprobación había recorrido un camino un tanto tortuoso, ya que la cámara parlamentaria que la aprobaba la había rechazado anteriormente -21 de diciembre- en la Comisión de Economía.
La polémica disposición
El tema espinoso y que echaba para atrás a los diputados, cuando en noviembre de 2009 el Gobierno presentaba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, no era otro que la disposición final segunda, ahora aprobada como cuadragésimo tercera.
Esa disposición preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que decidiría sobre el cierre de páginas web sin orden judicial.
El hecho de que no fuera un juez el encargado de cerrar estas webs levantó todo tipo de críticas contra la ley, pero una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, según dichas formaciones, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor, consiguió su aprobación en el Senado.
La ministra de Cultura, nada más aprobarse la Ley, se mostraba convencida de que esta propiciará un "gran desembarco" de empresas en Internet, ya que el éxito o no de la industria cultural española se medirá en función "de la oferta 'legal' que vaya habiendo" en la Red, y aseguraba que el objetivo no es bloquear contenidos o cerrar páginas, "porque -precisó- eso significaría que no se ha producido la transformación" que los usuarios esperan.
Además, lo calificaba de "gran noticia no solo para la cultura sino también para todos los ciudadanos", porque "garantiza tanto los derechos de los usuarios" de internet como "de aquellos que son los propietarios de los derechos".
Movilizaciones
Pero las movilizaciones en Internet y en las calles en contra de la 'Ley Sinde' han sido constantes desde que fue presentada por el Gobierno.
Incluso en el transcurso de las negociaciones el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que se puso a terciar entre unos y otros, anunciaba el 25 de enero su dimisión por no estar de acuerdo con el pacto alcanzado en el parlamento y que sacaba adelante el texto.
Asociaciones como la Coordinadora Verde, el Partido Pirata, el Partido de la Libertad Individual y plataformas 'online' como #nolesvotes y noalaleysinde.com continúan convocando manifestaciones en contra de la ley, y acusan al Gobierno de "querer controlar Internet" con "excusas como la seguridad"; además, quieren que la Red sea un lugar donde la gente "haga cultura libremente o gane dinero libremente".
Además, la Asociación de Internautas estudia recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, porque la consideran "ineficaz" para luchar contra la llamada 'piratería' en Internet y opinan que no resuelve el problema de fondo: la reconversión del modelo de negocio cultural.
Por otro lado, la Asociación de Creadores de Contenidos Digitales, de la que forman parte Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Dani Martín, Pedro Almodóvar, Paco de Lucía, Alejandro Amenábar, David Bisbal, Espido Freire o Almudena Grandes, entre otros, ha mostrado su "satisfacción" con el texto, pero reconocen que esto es "solo un comienzo", ya que existen "numerosos retos" en el nuevo panorama de modelos de negocio digitales.
Tras la publicación el sábado en el BOE de la Ley de Economía Sostenible, entró en vigor una de sus disposiciones más polémicas, la final cuadragésima tercera, más conocida como Ley Sinde, pero, tal y como adelantó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el pasado mes de febrero, ésta no estará operativa hasta el verano.
Y es que ahora el Ministerio de Cultura tiene que iniciar el desarrollo normativo de esta ley antidescargas, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias que se presenten contra las páginas web que permitan las descargas de música, películas o libros de forma no autorizada.
La Ley Sinde fue aprobada el pasado 15 de febrero en el Pleno del Congreso de los Diputados con 323 votos a favor del PSOE, PP y CIU, 19 en contra del PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención.
La ley era así respaldada por el 92% de la Cámara Baja, pero hasta llegar a su aprobación había recorrido un camino un tanto tortuoso, ya que la cámara parlamentaria que la aprobaba la había rechazado anteriormente -21 de diciembre- en la Comisión de Economía.
La polémica disposición
El tema espinoso y que echaba para atrás a los diputados, cuando en noviembre de 2009 el Gobierno presentaba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, no era otro que la disposición final segunda, ahora aprobada como cuadragésimo tercera.
Esa disposición preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que decidiría sobre el cierre de páginas web sin orden judicial.
El hecho de que no fuera un juez el encargado de cerrar estas webs levantó todo tipo de críticas contra la ley, pero una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, según dichas formaciones, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor, consiguió su aprobación en el Senado.
La ministra de Cultura, nada más aprobarse la Ley, se mostraba convencida de que esta propiciará un "gran desembarco" de empresas en Internet, ya que el éxito o no de la industria cultural española se medirá en función "de la oferta 'legal' que vaya habiendo" en la Red, y aseguraba que el objetivo no es bloquear contenidos o cerrar páginas, "porque -precisó- eso significaría que no se ha producido la transformación" que los usuarios esperan.
Además, lo calificaba de "gran noticia no solo para la cultura sino también para todos los ciudadanos", porque "garantiza tanto los derechos de los usuarios" de internet como "de aquellos que son los propietarios de los derechos".
Movilizaciones
Pero las movilizaciones en Internet y en las calles en contra de la 'Ley Sinde' han sido constantes desde que fue presentada por el Gobierno.
Incluso en el transcurso de las negociaciones el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que se puso a terciar entre unos y otros, anunciaba el 25 de enero su dimisión por no estar de acuerdo con el pacto alcanzado en el parlamento y que sacaba adelante el texto.
Asociaciones como la Coordinadora Verde, el Partido Pirata, el Partido de la Libertad Individual y plataformas 'online' como #nolesvotes y noalaleysinde.com continúan convocando manifestaciones en contra de la ley, y acusan al Gobierno de "querer controlar Internet" con "excusas como la seguridad"; además, quieren que la Red sea un lugar donde la gente "haga cultura libremente o gane dinero libremente".
Además, la Asociación de Internautas estudia recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, porque la consideran "ineficaz" para luchar contra la llamada 'piratería' en Internet y opinan que no resuelve el problema de fondo: la reconversión del modelo de negocio cultural.
Por otro lado, la Asociación de Creadores de Contenidos Digitales, de la que forman parte Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Dani Martín, Pedro Almodóvar, Paco de Lucía, Alejandro Amenábar, David Bisbal, Espido Freire o Almudena Grandes, entre otros, ha mostrado su "satisfacción" con el texto, pero reconocen que esto es "solo un comienzo", ya que existen "numerosos retos" en el nuevo panorama de modelos de negocio digitales.
jewss- vip oro
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Re: José Manuel Lara reclama que la 'Ley Sinde' penalice también a los usuarios
Que mal llevan los multimillonarios que se les acabe el chollo.
En vez de tanta queja que desarrolle productos interesantes,a los usuarios no nos interesa pagar cuarenta euros de un cd o un videojuego si podemos bajarlos.Tambien queremos ser multimillonarios.
En vez de tanta queja que desarrolle productos interesantes,a los usuarios no nos interesa pagar cuarenta euros de un cd o un videojuego si podemos bajarlos.Tambien queremos ser multimillonarios.
jewss- vip oro
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Re: José Manuel Lara reclama que la 'Ley Sinde' penalice también a los usuarios
jewell escribió:Que mal llevan los multimillonarios que se les acabe el chollo.
En vez de tanta queja que desarrolle productos interesantes,a los usuarios no nos interesa pagar cuarenta euros de un cd o un videojuego si podemos bajarlos.Tambien queremos ser multimillonarios.
Perfectamente descrito, si valiesen 6 euros o algo asi, aun les quedarian monton de beneficios y dudo que nos molestasemos en perder el tiempo buscando y bajandonoslas. Claro que tambien saben que elegiriamos lo que se compra, asi bajamos y de paso obtienen publicidad por el morro
marijuli- MODERADORA
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