EE UU maniobró en la Audiencia Nacional para frenar casos La embajada intentó boicotear las causas 'Guantánamo', 'Couso' y 'vuelos de la CIA'.- Políticos y fiscales españoles colaboraron en la estrategia

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.

"Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU", advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres. Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a EE UU en el cuarto aniversario de la invasión de Irak, como se recoge en los informes "confidenciales" de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007 .

El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra "unilateral y al margen de la ONU". Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en EL PAÍS un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. "650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación", argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar. José Blanco, secretario de Organización del PSOE, se había sumado a la idea -"alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y de ese horror", declaró- y el segundo de Aguirre recibió la orden de transmitir al dirigente socialista un aviso "similar" del descontento estadounidense, como se especifica en el documento "confidencial" del día 21.

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