Rajoy quiere privatizar varios servicios sociales si llega a La Moncloa

No hay agenda oculta, sino propuestas de calado asumidas abiertamente, aseguran en tromba estos días dirigentes del PP. Todos siguen la senda marcada por Mariano Rajoy en su entrevista a EL PAÍS , en la que fijaba como referencia el plan del primer ministro británico, David Cameron.

Aunque con matices, porque el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, aseguró ayer a este periódico que las propuestas británicas incluyen medidas que no son exportables a España -como la devaluación de la moneda o el recorte del Ejército-, pero sí lo son la reducción del gasto público, el mantenimiento del Estado de bienestar o la eliminación de gasto superfluo.

El propio Rajoy ya avanzó el pasado día 26 en Santander su propuesta de acometer privatizaciones -las denominó "liberalizaciones"- en sectores como aeropuertos y trenes. Lo que el PP detalló ayer va más allá, y se concreta en la privatización de la gestión de servicios sociales básicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

En esa línea, Montoro explicó ayer a EL PAÍS que esa gestión puede ser más eficaz desde la iniciativa privada. Al respecto recuerda que tal propuesta está incluida en la ponencia aprobada en el congreso nacional del PP celebrado en Valencia en 2008 y en otros textos de congresos regionales del PP posteriores.

Por ejemplo, el PP de Madrid aprobó en septiembre de 2008 una ponencia bajo el título Ideas para la acción que hablaba expresamente de la gestión privada en los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales y seguridad. Esa ponencia partía de la "baja productividad del sector público en esas actividades, en comparación con el sector privado, lastrando en consecuencia la productividad global de toda nuestra economía", para proponer "la potenciación de fórmulas de colaboración con el sector privado y la prestación de servicios por nuevos operadores privados que pueden aportar su mayor especialización". Eso "permitiría conseguir avances en la eficiencia y calidad de los servicios públicos, promoviendo a la vez un aumento de la productividad del conjunto de la economía al producirse la ruptura de la posición dominante del sector público".