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Así saquearon la CAM

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Mensaje por jewss Lun Oct 03, 2011 9:49 am

Las indemnizaciones millonarias a exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la pensión atribuida a su ex directora general rematan el escándalo de la gestión de esta entidad

Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.

En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saquearon/CAM/elpepusocdmg/20111002elpdmgrep_3/Tes
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Mensaje por marijuli Vie Oct 07, 2011 12:47 am

Primera denuncia contra la exdirectora de la CAM en la Audiencia Nacional

La "contabilidad creativa" puesta en marcha por la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, despedida fulminantemente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el pasado 28 de septiembre tras la intervención de la entidad por el Banco de España, es el principal argumento de la primera denuncia contra su exmáxima responsable y otros cargos de la caja presentada en la Audiencia Nacional. En ella, el abogado murciano Diego de Ramón atribuye a los directivos los delitos de estafa, falsedad documental y un delito societario. El caso está ya en manos del juez Fernando Grande-Marlaska, que decidirá en los próximos días sobre su admisión a trámite.

El escrito recoge las supuestas maniobras de Amorós para ocultar la pésima situación económica de la caja descubiertas por el supervisor que, según el denunciante, tenían por objeto "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que [la entidad] no fuese intervenida". El abogado recuerda que la CAM presentó el pasado marzo unos beneficios de 38,9 millones de euros que en junio se convirtieron en 1.136 millones de pérdidas, lo que demostraría que tanto Amorós, como el resto de directivos, trataron de esconder "la debilidad financiera" y "los problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad" de la entidad.

También se refiere a las retribuciones desmesuradas aprobadas por la dirección de la caja en noviembre pasado. Así , Amorós, además de la pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, se adjudicó un sueldo de 593.040 euros. La denuncia acusa también a la exdirectora general de ocultar al consejo de administración de la caja la indemnización de 5,8 millones de euros que recibió el director general que dejó el puesto a la directiva despedida por el FROB, Roberto López Abad. Otros tres cargos -el director general adjunto, Agustín Llorca, el de participaciones empresariales, Joaquín Meseguer y el de recursos humanos, Vicente Soriano- percibieron prejubilaciones de dos millones de euros. Y de un millón y medio el director de la zona norte, Gabriel Sagristá.

La denuncia pone también el acento en la inactividad de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia, que ignoraron año tras año la situación económica en la que se encontraba la CAM dejando de lado, presuntamente, sus competencias fiscalizadoras sobre las cajas.

Además de la presentada en la Audiencia Nacional, la fiscalía de Alicante ha recibido hasta el momento otras cuatro denuncias para determinar las supuestas responsabilidades de los antiguos administradores de la CAM. Fuentes del Ministerio Público aseguran que por el momento se encuentran congeladas a la espera del informe que prepara el Banco de España.
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